Soy profesor de Fecode y sí: tenemos responsabilidad en el fracaso educativo de Colombia


Los resultados de Colombia en las pruebas PISA 2025 fueron malos. Muy malos. Nuestros estudiantes obtuvieron 381 puntos en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias, bastante por debajo de los promedios de la OCDE.
Ante semejantes resultados, por supuesto que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal.
Daniel Briceño, del Centro Democrático, parece haber encontrado rápidamente al culpable y, de paso, la solución: Fecode y el actual modelo educativo fracasaron. Según él, Colombia necesita evaluación docente por resultados, más colegios en concesión y vouchers educativos.
¡Qué fácil!
Tenemos un problema educativo atravesado por pobreza, desigualdad, conflicto armado, formación docente, infraestructura, familias, celulares, prácticas pedagógicas, políticas de promoción, ausentismo y diferencias territoriales, pero resulta que bastaba con mirar hacia Fecode para descubrir al culpable.
Yo soy profesor de la educación pública y también soy sindicalizado. Podría simplemente salir a defender a los profesores y decir que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad.
Pero sería mentira.
Claro que la tenemos.
Hay profesores excelentes, regulares y malos, como los hay entre médicos, ingenieros, abogados, periodistas y congresistas. Hay docentes que necesitan actualizar sus conocimientos, mejorar sus prácticas pedagógicas o aprender a manejar mejor un grupo. Evaluarnos tampoco me parece ninguna herejía.
El problema es otro.
Una cosa es afirmar que la calidad del profesor influye en el aprendizaje de sus estudiantes y otra muy distinta decir: Colombia obtuvo malos resultados en PISA, Fecode agrupa a buena parte de los profesores públicos, por lo tanto Fecode fracasó.
Entre una afirmación y la otra falta demostrar casi todo.
¿Y Fecode también hizo caer a los demás países?
Para empezar, la caída no fue solamente colombiana. PISA 2025 registró un deterioro internacional importante en lectura y matemáticas.
Entonces hagamos una pregunta sencilla:
Si Fecode explica el deterioro colombiano, ¿qué sindicato colombiano explica la caída de los países donde Fecode ni siquiera existe?
Esto no absuelve a Colombia ni a sus profesores. Simplemente demuestra que estamos frente a un fenómeno bastante más complejo.
Además, la propia OCDE señala que, estadísticamente, los resultados colombianos de 2025 fueron aproximadamente iguales a los de 2022 en las tres áreas. Sí hay deterioro cuando ampliamos la comparación hasta 2018 en lectura y matemáticas, pero aparece un dato importantísimo: aumentó la cantidad de jóvenes de 15 años efectivamente escolarizados, a pesar de que la población de esa edad disminuyó.
Es decir, estamos evaluando también a jóvenes que antes probablemente habrían quedado por fuera del sistema.
Y cuando uno incorpora población históricamente excluida y más vulnerable, el promedio puede bajar sin que necesariamente estén aprendiendo menos quienes ya estaban escolarizados.
El mismo puntaje, dos Colombias distintas
Imaginemos dos estudiantes de 15 años presentando PISA.
Uno vive en Bogotá. Tiene computador, internet, libros, padres profesionales, alimentación suficiente y una trayectoria escolar estable. Tal vez pasa cuatro horas diarias viendo TikTok y tiene dificultades para mantener la atención durante veinte minutos frente a un texto.
El otro vive en una vereda. Ha sufrido interrupciones en su escolaridad, camina una hora para llegar a clases, estudia en un aula multigrado, alguna vez se quedó sin profesor y su colegio tiene problemas de infraestructura.
Los dos pueden sacar 381 puntos en matemáticas.
¿Tienen el mismo problema?
Obviamente no.
La propia PISA 2025 muestra parte de esa desigualdad. Dentro de Colombia, los estudiantes del cuarto socioeconómico superior aventajaron en 93 puntos en ciencias a los del cuarto inferior.
Noventa y tres puntos.
¿También los produjo Fecode?
Además, el 63 % de los estudiantes está en colegios cuyos rectores reportan que la falta de materiales educativos dificulta la enseñanza; el 62 %, donde existen deficiencias de infraestructura; el 40 %, donde falta personal docente, y el 56 %, donde falta personal de apoyo.
Y en determinados territorios el profesor ni siquiera compite solamente contra TikTok por la atención del estudiante. Compite contra el desplazamiento, el reclutamiento, las economías ilegales y el conflicto armado.
Eso no significa resignarnos a que los niños pobres aprendan menos.
Significa exactamente lo contrario: si queremos que aprendan igual, tendremos que darles mucho más.
De Zubiría tiene razón, pero solo en una parte
Julián De Zubiría respondió correctamente a Briceño señalando que la caída observada en PISA es internacional y no puede achacarse simplemente a Fecode.
También ha insistido en el efecto que pueden estar teniendo los contenidos breves, las pantallas y la pérdida de lectura profunda. Y aquí también hay evidencia que le da parcialmente la razón.
La investigación encuentra cierta ventaja de la lectura en papel frente a la digital en determinadas condiciones y asociaciones entre el consumo intensivo de videos cortos y problemas de atención, autocontrol y memoria de trabajo. La propia PISA encontró que el 36 % de los estudiantes colombianos dice que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales durante las clases de ciencias.
Así que sí: tenemos un problema con las pantallas.
Pero quitémosles mañana mismo el celular a todos los estudiantes colombianos.
¿Aparecerá agua potable en las escuelas rurales?
¿Llegarán los profesores que faltan?
¿Desaparecerá el hambre?
¿Se acabarán los grupos armados?
¿Aparecerán psicólogos y docentes de apoyo?
Evidentemente no.
El celular puede estar empeorando un problema que el sistema educativo ya tenía. No necesariamente lo creó.
También tenemos que mirarnos al espejo
Durante décadas algunas corrientes pedagógicas reaccionaron, con razón, contra una escuela basada exclusivamente en repetir y memorizar sin comprender.
El problema es que a veces terminamos convirtiendo esa crítica en otra idea absurda: que memorizar es malo.
No lo es.
Un niño que necesita calcular desde cero cuánto es siete por ocho cada vez que resuelve un problema está utilizando recursos mentales que otro puede dedicar a comprender el problema.
Un músico practica escalas. Un futbolista repite movimientos. Un conductor automatiza procedimientos.
¿Por qué suponemos que el cerebro deja de funcionar así cuando entra a un salón de matemáticas?
La ciencia cognitiva muestra que la práctica, la recuperación de información y la automatización de conocimientos básicos liberan nuestra limitada memoria de trabajo para tareas más complejas.
Nunca debió ser memorizar o comprender.
Necesitamos comprender, practicar, recordar y utilizar.
También tenemos un problema en la formación docente. En las facultades aprendemos sobre Piaget, Vygotsky, Ausubel, constructivismo y aprendizaje significativo. Todo eso importa.
Pero después uno llega por primera vez frente a cuarenta adolescentes y aparecen preguntas bastante menos filosóficas.
¿Cómo recupero la atención sin gritar?
¿Cómo manejo a un estudiante desafiante sin humillarlo?
¿Cómo impongo consecuencias sin convertirme en un tirano?
¿Cómo enseño cuando tengo estudiantes con niveles completamente diferentes?
Eso también se aprende.
Los datos de TALIS 2024 muestran que el 40,5 % de los profesores colombianos manifiesta una alta necesidad de formación en manejo del comportamiento estudiantil y cerca del 46 % en atención de estudiantes con necesidades especiales.
Tal vez deberíamos formar profesores un poco más como formamos médicos: teoría, observación, práctica acompañada, retroalimentación y nueva práctica.
Nadie le entrega un bisturí a un estudiante de medicina después de explicarle durante cuatro años la teoría y le dice: “Bueno, ya conoce a los grandes autores. Opere”.
¿Por qué un profesor debería aprender a manejar cuarenta adolescentes prácticamente a las patadas?
Derechos sí. Autoridad también
Yo no quiero volver a la escuela donde un profesor podía golpear, humillar o maltratar a un niño.
Eso no es educación.
Pero proteger los derechos del estudiante tampoco puede significar que el profesor pierda toda capacidad de establecer reglas y consecuencias.
Los otros treinta y nueve estudiantes también tienen derechos. Entre ellos, poder aprender.
Cuando un profesor establece una exigencia académica razonable, pero sabe que reprobar a quien no cumplió significará reuniones, reclamaciones y presiones de padres o directivos, el sistema puede terminar enviándole un mensaje perverso:
Exigir cuesta. Pasar al estudiante cuesta menos.
Colombia incluso tuvo esto escrito en una norma: el Decreto 230 de 2002 obligaba a garantizar una promoción mínima del 95 %. Esa norma desapareció hace años, pero demuestra que semejante lógica llegó a institucionalizarse.
Ahora bien, tampoco caigamos en el extremo contrario. Cerca del 39 % de los jóvenes colombianos evaluados por PISA reporta haber repetido al menos un grado.
Repetir tampoco es una cura mágica.
Entonces, ¿qué hacemos con un niño que llega a tercero sin leer adecuadamente?
¿Lo promovemos hasta sexto esperando un milagro?
¿Lo hacemos repetir exactamente lo mismo?
¿O intervenimos tempranamente con tutorías, recuperación real y seguimiento?
Probablemente lo último.
Pero aquí viene la pregunta que olvidamos cuando diseñamos políticas educativas desde un escritorio:
¿Quién va a hacer todo eso y en qué momento?
Porque el profesor ya está dando clases, planeando, calificando, atendiendo familias, llenando formatos, asistiendo a reuniones y respondiendo por proyectos institucionales.
Si queremos tutorías intensivas, contratemos profesores de apoyo. Organicemos programas de recuperación. O paguemos horas adicionales a los docentes que quieran hacerlo.
Yo mismo sacrificaría una tarde para ayudar a mis estudiantes que están quedados si forma parte de un programa serio y remunerado.
Lo que no puede hacer el Estado es financiar esa política con el tiempo de descanso del profesor, con el tiempo de su familia o con las horas que necesita para preparar las clases de los demás.
La atención personalizada cuesta. La recuperación cuesta. La inclusión cuesta.
¿Y qué pasa en los colegios rurales?
En algunas escuelas rurales un profesor no tiene un curso.
Tiene varios al mismo tiempo.
Puede trabajar simultáneamente con niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Y alguien mira la estadística y dice: “Pero solamente tiene veinte estudiantes”.
Sí.
Veinte estudiantes de cinco grados distintos.
Precisamente para esa realidad Colombia desarrolló Escuela Nueva, un modelo reconocido internacionalmente que utiliza guías, trabajo autónomo y organización multigrado.
El problema no es Escuela Nueva.
El problema es creer que basta con entregarle unas guías al profesor y dejarlo solo para que haga magia.
¿Recibió formación específica para trabajar en multigrado?
¿Tiene materiales?
¿Conectividad?
¿Biblioteca?
¿Infraestructura?
¿Acompañamiento pedagógico?
¿Profesionales de apoyo?
Porque si simplemente le entregamos cinco grados y una lista de objetivos, no estamos solucionando la desigualdad rural.
Estamos trasladándole al profesor la responsabilidad de compensarla.
Y cuando años después ese estudiante presenta PISA y obtiene un resultado bajo, resulta bastante cómodo preguntarle al profesor por qué no hizo mejor su trabajo.
Y ahora sí, hablemos de las soluciones de Briceño
Briceño propone evaluación docente por resultados.
Perfecto. Discutámosla.
Los resultados de los estudiantes pueden aportar información sobre la calidad de un profesor. Pero evaluar a un docente simplemente por el puntaje bruto de sus estudiantes sería absurdo.
Ponga a uno en un colegio con buena infraestructura, alimentación adecuada, familias altamente escolarizadas y trayectorias escolares estables.
Ponga al otro donde hay pobreza, ausentismo, violencia, falta de materiales y rezagos acumulados.
Después dígame que el primero es mejor profesor porque sus estudiantes sacaron cincuenta puntos más.
¿En serio?
Evaluemos a los profesores. Pero hagámoslo bien: observación de aula, progreso de los estudiantes, práctica pedagógica, resultados durante varios años y contexto.
Ahora pasemos a los colegios en concesión.
También pueden existir experiencias exitosas. Aprendamos de ellas.
Pero antes preguntemos qué explica sus resultados.
¿La administración privada?
¿La jornada?
¿La infraestructura?
¿La autonomía?
¿El liderazgo?
¿Los equipos de apoyo?
Porque si descubrimos que el secreto son buenos directivos, autonomía, acompañamiento y recursos, tengo una propuesta revolucionaria:
Démoselos también a los colegios públicos.
Cuando la educación pública se convierte en mercado
Y aquí mi lectura deja de ser exclusivamente pedagógica y se vuelve política.
Daniel Briceño pertenece al Centro Democrático, un partido que históricamente ha representado y defendido los intereses de los grandes capitales, de los sectores más ricos del país y de buena parte del empresariado colombiano.
Y en Colombia eso no significa simplemente “libre competencia”. Con demasiada frecuencia hemos tenido mercados altamente concentrados, oligopolios e incluso carteles.
Por eso no me parece ingenuo que, ante la caída de la natalidad y una población infantil cada vez menor, aparezca como solución abrir una porción mayor del sistema educativo financiado por el Estado a concesiones, vouchers y operadores privados.
Un colegio en concesión sigue funcionando con plata pública.
El Estado paga, pero administra un privado.
Entonces también tenemos derecho a preguntar cuánto les pagan a sus profesores, qué estabilidad tienen y qué parte de la supuesta eficiencia proviene de una mejor pedagogía y cuál podría provenir de reducir costos laborales.
Resulta curioso culpar primero al profesor público del fracaso y ofrecer después como solución otro profesor haciendo esencialmente el mismo trabajo, pero contratado por un privado y posiblemente en condiciones laborales inferiores.
Además, si Colombia tiene cada vez menos niños, el mercado potencial de la educación privada también se reduce.
Entonces vale la pena preguntarse si vouchers y concesiones pueden servir para suplir con recursos estatales parte de la demanda que el mercado privado pierde.
No estoy afirmando que exista una conspiración secreta ni que pueda demostrar las intenciones personales de Briceño.
Estoy haciendo una lectura política.
Las políticas públicas también deben analizarse preguntando quién gana económicamente con ellas.
Y donde el mercado privado empieza a quedarse sin clientes, el Estado puede convertirse en el cliente perfecto.
La educación no es solamente un gasto
Finlandia demuestra algo bastante sencillo: una educación financiada abrumadoramente con recursos públicos puede alcanzar una calidad extraordinaria.
Por lo tanto, que una escuela estatal colombiana funcione mal no demuestra que el Estado sea incapaz de educar.
Puede significar simplemente que nuestro Estado lo está haciendo mal.
China ofrece otra lección.
Durante décadas invirtió en universidades, científicos, ingenieros, investigación y capacidades tecnológicas. Hoy ya no es simplemente la fábrica donde otros llevaban la tecnología y los chinos ponían la mano de obra barata. Produce conocimiento y compite en vehículos eléctricos, baterías, energía solar, telecomunicaciones, inteligencia artificial y múltiples ramas de la ingeniería.
¿La educación explica por sí sola el ascenso económico chino?
Por supuesto que no.
Sería tan absurdo decir eso como afirmar que Fecode explica por sí solo PISA.
Pero la educación, la ciencia y la formación tecnológica fueron piezas fundamentales de esa transformación.
Tal vez Colombia debería hacerse una pregunta más ambiciosa que cuánto cuesta un profesor.
¿Cuánto nos cuesta no tener suficientes científicos?
¿Cuánto nos cuesta no producir tecnología?
¿Cuánto pagaremos por comprarles a otros el conocimiento que nosotros no desarrollamos?
Una carretera es infraestructura.
Un laboratorio también.
Una escuela también.
Y un profesor bien formado también hace parte de la capacidad productiva de un país.
Entonces, ¿Fecode no tiene ninguna responsabilidad?
Sí la tiene.
Los sindicatos también debemos mirarnos al espejo.
Fecode debe discutir seriamente la calidad docente, la formación, las prácticas pedagógicas y mecanismos razonables de evaluación profesional. Defender derechos laborales no debería significar defender automáticamente cualquier práctica de cualquier profesor.
Yo, como docente sindicalizado, quiero una educación pública mucho mejor que la que tenemos.
Precisamente porque trabajo dentro de ella conozco muchos de sus problemas.
Pero una cosa es hacer autocrítica y otra aceptar un culpable fabricado para acomodarlo a una solución política previamente escogida.
PISA no lo produce Fecode.
Tampoco lo produce exclusivamente el Ministerio.
Ni los padres.
Ni TikTok.
Ni la pobreza.
Ni el profesor.
Ni el estudiante.
Es el resultado de la interacción de todos esos factores durante aproximadamente quince años de vida de cada joven evaluado.
Así que sí, señor Briceño: discutamos la calidad de los profesores.
Evaluemos lo que haya que evaluar.
Revisemos nuestras facultades de educación.
Recuperemos la autoridad pedagógica sin regresar al autoritarismo.
Revisemos las políticas de promoción.
Volvamos a valorar la memoria y la práctica sin regresar a una educación puramente memorística.
Enfrentemos el problema de las pantallas.
Pero discutamos también la pobreza, la infraestructura, el conflicto armado, el abandono rural, la formación docente y las condiciones reales en las que estudian nuestros niños.
Y si queremos tutorías, recuperación individual, inclusión efectiva y atención personalizada, pongamos también la plata, los profesionales y el tiempo necesarios.
Después, con toda esa evidencia sobre la mesa, discutamos qué modelo educativo necesita Colombia.
No al revés.
Porque utilizar unos malos resultados de PISA para concluir primero que Fecode fracasó y después sacar del bolsillo la receta de vouchers, concesiones y privatización no es explicar la crisis educativa.
Es aprovecharla para vender una solución política que ya se tenía preparada desde antes.
Escrito por :
David Mariño S





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