Comunicado a la opinión pública

Ateos de Bogotá emprenden acciones legales tras anuncio presidencial de “recuperar la creencia en Dios” desde el Gobierno

La Asociación advierte que utilizar el poder público para promover una creencia religiosa puede vulnerar la laicidad del Estado y anuncia que, de ser necesario, llevará el caso hasta la Corte Constitucional.

Bogotá D. C., 8 de agosto de 2026

La Asociación de Ateos de Bogotá informa a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la opinión pública que hemos decidido impulsar y respaldar acciones legales destinadas a proteger el carácter laico del Estado colombiano, la separación entre las iglesias y el Estado y los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad religiosa, igualdad y dignidad humana.

Esta actuación surge a raíz de lo ocurrido durante el acto oficial de posesión presidencial del 7 de agosto de 2026, en el cual se incorporaron expresiones y actividades religiosas dentro de una ceremonia oficial del Estado, incluyendo una sección denominada “invocación y alabanza”, intervenciones de líderes religiosos con oraciones y bendiciones y diversas referencias confesionales durante el discurso presidencial.

Nuestra preocupación no se origina en las creencias religiosas personales del Presidente de la República. En una democracia pluralista, el Presidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a creer, practicar una religión, orar y expresar sus convicciones personales.

El límite constitucional aparece cuando esas convicciones dejan de ser exclusivamente personales y comienzan a confundirse con los objetivos, actuaciones o mensajes institucionales del Estado.

En particular, consideramos de especial gravedad la declaración realizada durante el discurso presidencial según la cual:

“Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual.”

La Constitución colombiana no autoriza al Gobierno a utilizar el poder público para “recuperar la creencia en Dios”, de la misma manera que tampoco permitiría utilizarlo para promover el ateísmo, el agnosticismo o cualquier otra concepción religiosa o no religiosa.

Colombia no tiene una única cosmovisión.

En nuestro país conviven católicos, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes y miembros de muchas otras religiones; personas y comunidades que mantienen espiritualidades y cosmovisiones indígenas y afrodescendientes; personas que practican distintas formas de paganismo y otras tradiciones espirituales; y una parte significativa de la población que no se adscribe a ninguna religión, entre ella ateos, agnósticos, humanistas seculares, librepensadores y ciudadanos que simplemente no se identifican con ningún credo.

Todos ellos tienen exactamente el mismo derecho a sentirse ciudadanos plenos del Estado colombiano.

Esta diversidad adquiere especial importancia en el actual contexto de polarización política. Algunas expresiones espirituales y culturales indígenas, afrodescendientes y de otras tradiciones fueron asociadas, de manera correcta o incorrecta, con el Gobierno anterior debido a la visibilidad que tuvieron durante ese periodo. Hoy esa asociación está siendo utilizada en algunos sectores para descalificarlas o atacarlas.

Rechazamos también esa instrumentalización.

Una cosmovisión indígena no pertenece a un gobierno. Una tradición espiritual afrodescendiente no pertenece a un partido político. El cristianismo tampoco pertenece al Estado.

Precisamente por eso necesitamos la laicidad.

Cuando cambia un Gobierno, ninguna comunidad debería pasar de ser favorecida a ser perseguida, ni de ser ignorada a convertirse en la cosmovisión privilegiada desde el poder. La neutralidad del Estado impide ambas cosas.

El Estado colombiano no pertenece a los cristianos, a los católicos, a los evangélicos, a los judíos, a los musulmanes, a quienes profesan espiritualidades indígenas o afrodescendientes, a los paganos ni a los ateos.

El Estado nos pertenece a todos.

Por esta razón se presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —DAPRE—, mediante el cual se solicita:

- que se reconozca la afectación del principio de laicidad y de los derechos de las personas ateas, agnósticas y no creyentes;

- que se adopten medidas de reparación o resarcimiento simbólico frente a lo ocurrido;

- que se establezcan lineamientos claros, públicos y vinculantes para evitar el proselitismo religioso desde actos, discursos e instituciones oficiales;

- y que existan garantías efectivas de no repetición.

Nuestra posición encuentra respaldo en una extensa línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-350 de 1994, T-152 de 2017, T-124 de 2021 y SU-454 de 2025, mediante las cuales se han desarrollado los principios de neutralidad religiosa, pluralismo y laicidad del Estado y se han establecido límites especiales para los altos funcionarios públicos cuando actúan en representación de las instituciones.

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que los funcionarios públicos conservan plenamente su libertad religiosa. Sin embargo, también ha establecido que quienes representan al Estado no pueden utilizar su posición oficial para identificar a las instituciones públicas con una determinada creencia ni para promover desde el poder público un sistema religioso particular.

Precisamente por ello, el problema constitucional no consiste en que el Presidente crea en Dios, ore o manifieste personalmente su fe.

El problema aparece cuando el Presidente anuncia, desde un acto oficial y en ejercicio de su cargo, que su Gobierno tendrá entre sus objetivos “recuperar la creencia en Dios”.

ESTAMOS DISPUESTOS A AGOTAR TODAS LAS VÍAS CONSTITUCIONALES

La Asociación de Ateos de Bogotá espera que la Presidencia de la República y el DAPRE estudien seriamente los argumentos constitucionales planteados y adopten medidas que garanticen la neutralidad religiosa del Estado durante el ejercicio del actual Gobierno.

Sin embargo, también queremos anunciar públicamente que estamos dispuestos a dar esta discusión hasta sus últimas consecuencias dentro de los mecanismos democráticos, institucionales y legales que ofrece el Estado de derecho colombiano.

Si nuestras solicitudes son nuevamente rechazadas, si no existe una respuesta de fondo o si continúan produciéndose actuaciones oficiales que comprometan la neutralidad religiosa del Estado, acudiremos a los mecanismos constitucionales correspondientes, incluida la acción de tutela, y agotaremos las instancias judiciales disponibles para defender estos derechos.

Si resulta necesario, buscaremos que el caso llegue a conocimiento de la Corte Constitucional, con el propósito de que exista un pronunciamiento de fondo que determine con claridad cuáles son los límites constitucionales que debe respetar un Presidente de la República cuando expresa y promueve convicciones religiosas desde actos, discursos y escenarios oficiales.

No buscamos impedir que nadie crea en Dios.

No buscamos impedir que el Presidente practique su religión.

No buscamos imponer el ateísmo.

Buscamos exactamente lo contrario: que el Estado no imponga, privilegie ni promueva ninguna creencia o cosmovisión.

La separación entre las iglesias y el Estado no es una reivindicación exclusiva de las personas ateas.

Es una garantía para todos.

Protege al ateo y al agnóstico frente a la imposición religiosa. Protege al católico frente a un eventual gobierno evangélico. Protege al evangélico frente a un eventual gobierno católico. Protege al musulmán, al judío, al pagano y a quienes mantienen espiritualidades indígenas o afrodescendientes frente a la imposición de una creencia mayoritaria.

Y protege también al creyente frente a un eventual Gobierno que pretendiera utilizar el Estado para promover el ateísmo.

Eso es la laicidad: nadie necesita ganar una elección para que sus convicciones sean respetadas y nadie puede ganar una elección para imponer las suyas a los demás.

La verdadera libertad religiosa solamente puede existir cuando también está garantizada la libertad de no creer, de cambiar de creencia y de mantener cosmovisiones distintas a las de quienes ejercen temporalmente el poder.

La libertad de conciencia exige que ningún ciudadano tenga que aceptar que el Gobierno utilice las instituciones que pertenecen a todos para promover una determinada concepción de Dios, de la religión o del mundo.

Defender el Estado laico es defender la libertad de conciencia de todos los colombianos.

ASOCIACIÓN DE ATEOS DE BOGOTÁ

Por un Estado laico, pluralista y respetuoso de la libertad de conciencia.