¿Qué tanto se puede decir que un estado es laico, cuando en las sesiones del Concejo de una importante localidad se inicia con una oración católica y todo lo que se tramita es observado desde lo alto del salón principal por la imagen de una santa?
Es lo que se preguntó Edward Patrick Duigenan, un ciudadano tan colombiano como cualquier otro de nosotros, y tal vez más, pues, aunque nació y creció en Irlanda, es ciudadano colombiano por elección y porque se enamoró profundamente de las montañas antioqueñas, en las que reside hace diez años, específicamente en el municipio de Jericó, en donde se desempeña como artista plástico y profesor particular de inglés.
Se dirigió con esta inquietud al Concejo del Municipio mediante un derecho de petición, con el fin únicamente de tener un espacio de reunión con la entidad territorial en un ámbito neutral, despojado de simbologías y posiciones religiosas, para debatir sobre la debida condición laica y no confesional del Estado que dicha corporación representa. No solicitó, en ningún momento, el retiro de ninguna imagen o el cambio de las costumbres de la Entidad para entrar en armonía con nuestra Constitución. Pero su solicitud inició una persecución como las de los tiempos de la inquisición.
De una forma que no se conoce hasta el momento, pero que a todas luces falta a la legalidad, se filtró la información de esta solicitud y llegó a la Diócesis de Jericó, que publicó (y borró poco después) en su página de Facebook textos en los que se rasga las sotanas, tergiversando la petición de Edward y anunciando que “las minorías buscan tener la razón” porque el ciudadano había solicitado “retirar de su recinto [el del concejo] la Imágen (sic) de Santa Laura Montoya”. No contentos con esto, promovieron sendas publicaciones en medios digitales como “Noticias Minuto 30” y en “theworldnews.net” de un artículo titulado “Un ciudadano de Jericó está pidiendo quitar la imagen de Santa Laura del recinto de Jericó”, el artículo dice que “la información fue dada a conocer por la Diócesis de Jericó, que informó sobre el acto que se realizó a través de derecho de petición”. Las comunicaciones mencionadas, ya han sido retiradas de esas páginas por petición de Edward.
Y, como era de esperarse, estas publicaciones surtieron el efecto deseado, por lo que Edward ha sido blanco de críticas e insultos a través de su mensajería telefónica personal, y teme que pasen al plano de la violencia física, lo cual por fortuna no ha sucedido hasta el momento en el que se publica este artículo.
Se ha llegado al punto de que en días recientes ha comenzado a circular entre la ciudadanía de Jericó, con el fin de reunir firmas, una carta dirigida a las autoridades de la ciudad, en la que haciendo gala de una sin igual xenofobia y de una capacidad sin límites de sembrar cizaña con base en hechos ficticios o tergiversados, solicitan “la no intromisión de personas extranjeras en los asuntos de nuestra identidad y que acaben los ataques burlescos a los signos propios de nuestra religiosidad”.
Entre las “intromisiones” que mencionan “los representantes de la comunidad” mencionan que “se queja del sonido de las campanas, se burla del uso de la sotana por parte de los sacerdotes con expresiones vulgares y despectivas”, y que además “solicitó retirar la imagen de Santa Laura Montoya del recinto de sesiones del Concejo de Jericó”. Ninguna de tales acciones es cierta. Ya se mencionó cuál fue el alcance de su solicitud en el caso del Concejo Municipal. En cuanto a las campanas y las sotanas, no ha habido ningún pronunciamiento que Edward haya hecho en tal sentido, por lo que claramente son simples insidias en su contra.
¿Será que las personas que se tomaron el tiempo de difundir la información no estaban conscientes del daño que estaban causando en nombre de defender una supuesta posición moral o “velando por las buenas costumbres”, pero violando el derecho fundamental a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la constitución Política del 1991?
Y los que replicaron el documento del derecho de petición pensando que este pasaría a ser de “dominio público” por el hecho de que fue “filtrado por el concejo”, y por tanto de libre uso, no saben el delito que han cometido; ya que al respecto, el Código Penal Colombiano, en su artículo 192 contempla penas de prisión entre 16 y 54 meses a la violación de la correspondencia, y entre 32 y 72 meses de prisión cuando esta intercepción se usa en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro.
Edward dice: “Jericó es un buen lugar para vivir y no es justo que existan temas innombrables impuestos por algunos que creen que, con insultos, escribiendo en mayúscula y dañando la honra a las personas logran sus objetivos de impedir que alguien que piensa distinto cuestione el funcionamiento del estado, con el fin de mejorar las condiciones de una minoría (una minoría en crecimiento). Las personas que iniciaron esta persecución, aunque con leguaje más cortés y que ya desmontaron sus opiniones en las redes sociales, dejaron una información tergiversada a la comunidad que toca temas sensibles y no todo el mundo va a expresarse de manera ‘respetuosa’. No toda la comunidad católica es intolerante al concepto de un Estado laico, hay los que realmente tienen presente las buenas enseñanzas de su religión además de conocer las normas de la patria. A propósito, estoy orgulloso de la Constitución de 1991 y sería un pesar que no se haga cumplir, pero esto es responsabilidad de todos y las instituciones educativas deben tener un rol más contundente en su enseñanza. ¿En fin, no estamos privilegiados de vivir en una democracia?”
¿Cómo se puede entender que en un país que se proclama “democrático”, en donde se firmaba el cuatro de julio de 2018 una Ley de Libertad Religiosa, se acuda al desprestigio de un ciudadano libre con el fin de conservar una hegemonía? No podemos más que poner este caso en conocimiento de la ciudadanía para tener un ejemplo de que el confesionalismo pende aún como una espada de Damocles sobre nuestra libertad, que cualquier intento por debatir y exponer ideas diversas de la preponderancia de la Iglesia Católica aún hoy en día es un peligro para la integridad física y mental de las personas.
No podemos desconocer de ninguna forma y bajo ningún pretexto que nuestra Constitución Política nos garantiza estos espacios de discusión, y que hasta en sociedades profundamente tradicionalistas como la cartagenera, las batallas legales han tenido resultados positivos en pro de la libertad, cuando los estrados judiciales del Distrito lograron impedir que mediante un acuerdo del Concejo Distrital se obligara a los ciudadanos de Cartagena a que todo acto público se comenzara con una plegaria, lo que vulneraba varios artículos de nuestra Constitución Política, que consagran el derecho que todos los colombianos tenemos a “la libertad religiosa, la diversidad étnica y cultural de la Nación”. Esta sentencia trazó un límite importante entre las costumbres individuales y los elementos culturales generalizados que debe ser promovido y defendido.
Desde la Asociación de Ateos de Bogotá, estaremos al corriente de este caso, apoyando a Edward con la divulgación y las acciones legales a las que haya lugar para preservar no solo su indemnidad y dignidad como ciudadano libre, sino su derecho a debatir y construir costumbres que nos acojan y representen a todos los habitantes de esta nación, más allá de nuestras creencias y condiciones.