El problema en Colombia no es el terrorismo islámico, el problema es el nacionalismo cristiano

Con toda la mierda autoritaria, clerical y nacionalista que estamos viendo en Colombia, debería quedar claro que el islam no es la principal amenaza religiosa para nuestro país.

Y para quienes pierden la comprensión de lectura después de cuatro oraciones: no, nadie está defendiendo al islam. Nadie está diciendo que sea una religión especialmente tolerante, progresista o racional. Sus dogmas, sus gobiernos teocráticos y sus movimientos fundamentalistas merecen toda la crítica posible.

Lo que estamos cuestionando es esa obsesión de algunos colombianos —incluidos muchos ateos— que se pasan la vida denunciando los peligros del islam mientras guardan un silencio bastante conveniente ante el nacionalismo cristiano que tienen enfrente.

En Colombia, los musulmanes representan menos del 1 % de la población. No controlan megaiglesias capaces de movilizar cientos de miles de votos, no cuentan con partidos políticos relevantes, no designaron a la ministra de Educación y no acaban de elegir al presidente de la República. El cristianismo, en cambio, sigue siendo la religión ampliamente mayoritaria del país.

Y fue precisamente un hombre que durante años se presentó como ateo quien convirtió su supuesta transformación religiosa en una de las herramientas más eficaces de la última campaña presidencial.

No podemos meternos en la cabeza de Abelardo de la Espriella para decidir si realmente cree en Dios. Tal vez su conversión sea completamente sincera. Pero su sinceridad religiosa es secundaria. Lo que sí sabemos es que su historia de conversión fue repetida en iglesias, entrevistas y actos electorales; que fue presentado por pastores influyentes como “el Ciro que necesita Colombia”; que se rodeó de líderes de megaiglesias y que recibió el respaldo de Colombia Justa Libres. La conversión privada se convirtió en estrategia pública de legitimación política.

El mensaje era poderoso: si hasta el antiguo ateo reconoció a Dios, su candidatura debía formar parte de algún plan divino.

Así, una decisión electoral dejó de presentarse como lo que realmente era —una competencia democrática entre proyectos humanos, falibles y discutibles— y comenzó a narrarse como una batalla espiritual entre la salvación de Colombia y sus supuestos enemigos.

Después de ganar por un margen inferior al 1 %, Abelardo no se limitó a agradecer a sus votantes. Habló de un “milagro”, expresó “gratitud infinita hacia Dios”, agradeció a sus “hermanos cristianos” y cerró con un “¡Que viva Cristo Rey!”. El Consejo Nacional Electoral lo acreditó como presidente electo tras una elección extremadamente cerrada.

Ahí está uno de los mecanismos más peligrosos del nacionalismo religioso: transformar una victoria electoral contingente en un mandato de la Providencia.

Cuando un político asegura que Dios lo llevó al poder, sus decisiones dejan de parecer simples propuestas sometidas a crítica. Se presentan como parte de una misión superior. Y quien se opone corre el riesgo de dejar de ser visto como un ciudadano con una opinión distinta para convertirse en enemigo de Dios, de la familia o de la patria.

Eso es precisamente lo que encierra la expresión “Patria Milagro”.

El programa de gobierno no se limita a defender la libertad religiosa. Declara la fe como “base moral y espiritual para el milagro” y afirma: “Creemos en Dios y en los valores cristianos como el cimiento ético de nuestra nación”. También presenta la familia como un núcleo “sagrado” y la educación como un medio para formar ciudadanos “patriotas”.

Eso no es simplemente un candidato contando que reza en las mañanas. Es un proyecto político que pretende convertir una cosmovisión cristiana particular en la brújula moral de todo el Estado.

Pero Colombia no es una iglesia. No es una congregación. No es propiedad de los cristianos.

También pertenecen plenamente a la nación los ateos, agnósticos, musulmanes, judíos, indígenas, budistas, personas espiritualistas, cristianos progresistas y quienes sencillamente no desean que el Estado les diga qué deben creer.

La Constitución de 1991 no autoriza al Gobierno a escoger una teología oficial. La Corte Constitucional ha reiterado que Colombia es un Estado laico, pluralista y religiosamente neutral, en el que ninguna confesión puede ser identificada simbólica o jurídicamente con el Estado.

Por eso la propuesta de “volver a meter a Dios en las clases de nuestros niños” no es una frase inocente.

¿A cuál Dios se refiere? ¿Al Dios católico? ¿Al de las iglesias evangélicas? ¿Al de los musulmanes? ¿Al de los judíos? ¿A cuál interpretación de la Biblia? ¿Quién decide qué valores divinos deben enseñarse y cuáles deben excluirse?

Abelardo afirmó que en Colombia habían “sacado a Dios de los salones” y metido la llamada “ideología de género”, además de prometer expresamente “volver a meter a Dios” en las clases.

Pero Dios no fue expulsado de las escuelas. Lo que hizo la Constitución fue terminar con el privilegio de una religión sobre las demás.

La educación religiosa puede existir, pero en los establecimientos estatales nadie puede ser obligado a recibirla. La Corte Constitucional reiteró en 2024 que los colegios públicos no pueden promover un credo particular y deben ofrecer alternativas a quienes no desean recibir esa formación.

Por eso, “devolver a Dios a las escuelas” no significa necesariamente ampliar la libertad religiosa. Puede significar exactamente lo contrario: devolverle al cristianismo una autoridad institucional que la Constitución de 1991 le quitó para proteger la libertad de todos.

La escuela pública debe enseñar ciencias, pensamiento crítico, historia, ciudadanía, derechos humanos y convivencia democrática. Puede estudiar las religiones como fenómenos históricos, filosóficos y culturales. Lo que no puede hacer es presentar una de ellas como verdad oficial ni convertir al docente en catequista del Gobierno.

Lo mismo ocurre con la llamada “batalla cultural”.

Sus promotores dicen que solo quieren debatir ideas. Pero no hablan simplemente de participar en una discusión plural. Hablan de una “contrarrevolución cultural”, de recuperar una nación supuestamente perdida y de combatir enemigos que habrían contaminado la educación, la familia, la sexualidad y la memoria histórica.

Los primeros nombramientos del nuevo Gobierno muestran que esa batalla pretende intervenir en la educación, la cultura, la interpretación del conflicto armado, los derechos sexuales y reproductivos y la concepción legítima de familia.

El lenguaje importa. Cuando la política se presenta como una batalla entre el bien y el mal, desaparece la posibilidad de convivir con el desacuerdo. Las mujeres que defienden el aborto dejan de ser ciudadanas y pasan a ser enemigas de la vida. Las personas LGBT dejan de ser seres humanos con derechos y se convierten en agentes de una “ideología”. Los maestros críticos dejan de ser educadores y se transforman en adoctrinadores. Los ateos dejamos de ser ciudadanos y pasamos a representar la decadencia moral de la patria.

“Pero no todos los cristianos son así”.

Claro que no.

Millones de cristianos colombianos defienden el Estado laico, los derechos humanos, la democracia, la ciencia y la igualdad. Muchos han combatido dictaduras, acompañado víctimas y trabajado por la paz.

Pero tampoco todos los musulmanes son terroristas, y ese matiz rara vez les importa a quienes llevan años usando cada atentado islámico para condenar a una población completa.

La unidad correcta de análisis no es “los cristianos” ni “los musulmanes”. Son los movimientos religiosos que buscan capturar el Estado e imponer sus dogmas mediante el poder político.

El fundamentalismo islámico es una amenaza enorme allí donde controla gobiernos, tribunales, ejércitos y escuelas. Pero en Colombia no es el islam el que acaba de alcanzar la Presidencia ni el que anuncia una “batalla cultural” para transformar la educación y la sociedad.

Aquí la amenaza más cercana es un nacionalismo cristiano que dispone de iglesias, líderes religiosos, partidos, dinero, redes sociales, representación parlamentaria y ahora poder ejecutivo.

Eso fue lo que ocurrió en las últimas elecciones.

No fue simplemente la historia conmovedora de un ateo que encontró a Dios. Fue la historia de un proyecto político que encontró en la conversión de un antiguo ateo una poderosa pieza de propaganda; en las megaiglesias, una maquinaria electoral; en la “Patria Milagro”, un mito nacional; y en la “batalla cultural”, una justificación para presentar los derechos y el pluralismo como enemigos.

Podemos seguir mirando con terror hacia Oriente Medio mientras repetimos videos sobre la amenaza islámica.

O podemos abrir los ojos y observar el poder religioso que ya está aquí, habla nuestro idioma, utiliza nuestros símbolos, se viste con la camiseta de la selección, grita “¡Viva Cristo Rey!” y asegura que Dios le entregó la misión de reconstruir la patria.

El peligro político más importante no siempre es la religión con los textos más brutales.

Es la que tiene los votos, los ministerios, los micrófonos y el poder para convertir sus dogmas en políticas de Estado.